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El derecho al voto femenino fue una conquista del movimiento sufragista, que desde finales del siglo XIX se organizó en países como Reino Unido y Estados Unidos para reclamar participación política en igualdad. Las sufragistas no solo recogieron firmas: organizaron manifestaciones, actos públicos y campañas de desobediencia civil. Muchas fueron detenidas y encarceladas por exigir un derecho que hoy consideramos básico.

El primer país en reconocer el sufragio femenino fue Nueva Zelanda en 1893. En España, el derecho se aprobó en 1931 durante la Segunda República. El debate parlamentario fue intenso y tuvo como figura clave a Clara Campoamor, quien defendió que la igualdad política no podía aplazarse. Las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en 1933.

Tras la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, las libertades políticas desaparecieron para toda la ciudadanía. El voto libre se recuperó en 1977 con la llegada de la democracia.

Hoy el sufragio femenino está reconocido legalmente en casi todos los países del mundo. Sin embargo, en algunas regiones persisten obstáculos para su ejercicio real, como limitaciones democráticas, violencia política o desigual acceso a la representación. Aunque el derecho está conquistado, la presencia equilibrada de mujeres en los espacios de poder sigue siendo un reto global.

Recursos

  • Libro: El voto femenino y yo: mi pecado mortal - Clara Campoamor (1936)

  • Película: Las Sufragistas - Sarah Gavron (2015)

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El derecho a la educación de las niñas y las mujeres ha sido una conquista desigual en el tiempo y en el mundo. Durante siglos, en muchas sociedades se consideró que la formación académica no era necesaria para las mujeres o que debía limitarse al ámbito doméstico.

En Europa y América del Norte, el acceso femenino a la educación superior comenzó a ampliarse a finales del siglo XIX y principios del XX, aunque con resistencias. En España, las mujeres pudieron matricularse libremente en la universidad desde 1910. Antes de esa fecha necesitaban permisos especiales. Durante la Segunda República se impulsó la educación pública y mixta, pero el modelo educativo franquista volvió a reforzar una formación orientada a los roles tradicionales de género. Hoy, en España y en la mayoría de países europeos, la escolarización femenina está garantizada y las mujeres son mayoría en muchas etapas educativas, aunque siguen existiendo brechas en determinados ámbitos profesionales.

A nivel internacional, la situación es mucho más desigual. Según datos de la UNESCO, millones de niñas siguen sin escolarizar, especialmente en África subsahariana y en zonas afectadas por conflictos armados. Las causas incluyen pobreza, desplazamientos forzosos, matrimonio infantil, trabajo doméstico no remunerado y decisiones políticas que restringen su acceso a la educación secundaria.

Una de las figuras más reconocidas en la defensa global de este derecho es Malala Yousafzai, activista pakistaní que sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014. También han sido relevantes educadoras y activistas en distintas regiones del mundo que han trabajado por la alfabetización femenina, la educación rural y el acceso a la universidad.

El derecho a la educación está reconocido internacionalmente, pero su cumplimiento real depende de factores económicos, sociales y políticos. Aunque en algunos países es una conquista consolidada, en otros sigue siendo una meta pendiente.

Recursos

  • Libro: Yo soy Malala - Malala Yousafzai (2013)

  • He Named Me Malala - Davis Guggenheim (2015)

  • La sonrisa de Mona Lisa - Mike Newell

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La igualdad ante la ley significa que una mujer puede tomar decisiones legales sobre su vida en las mismas condiciones que un hombre: firmar contratos, heredar bienes, divorciarse, transmitir la nacionalidad a sus hijos o viajar sin depender de la autorización de otra persona.

En España, hasta 1975, una mujer casada necesitaba el permiso de su marido para abrir una cuenta bancaria, aceptar una herencia o firmar un contrato de trabajo. Esa situación cambió con las reformas legales del final del franquismo y quedó consolidada con la Constitución de 1978, que reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

Sin embargo, esta igualdad no es una realidad en todo el mundo. En países como Irán, las leyes de familia establecen diferencias entre hombres y mujeres en cuestiones como el divorcio o la herencia. En Arabia Saudí, aunque se han producido reformas en los últimos años, el sistema de tutela masculina ha condicionado durante décadas la capacidad de las mujeres para tomar decisiones legales. En algunos países del África subsahariana, las leyes tradicionales dificultan en la práctica que las mujeres puedan heredar o poseer tierras en igualdad de condiciones.

En 1979, la comunidad internacional adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada el principal tratado internacional para garantizar la igualdad de las mujeres. En su artículo 15 reconoce explícitamente la igualdad ante la ley y la misma capacidad jurídica para hombres y mujeres. Más de 180 países la han ratificado, pero su aplicación no siempre es completa ni efectiva.

La igualdad ante la ley no es un detalle jurídico: es la condición que permite ejercer todos los demás derechos con autonomía real.

Recursos

  • Libro: Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer - María Telo Núñez (2009)

  • Libro: Mujer, Raza y Clase - Angela Y. Davis (1981) 

  • Reportaje: Objetivo Igualdad - “María Telo” (2024)

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Un matrimonio solo es legítimo cuando hay consentimiento libre y pleno. Parece obvio, pero en muchas sociedades el matrimonio ha funcionado (y a veces aún funciona) como un acuerdo familiar o económico donde la voluntad de la mujer pesa menos, y donde separarse puede ser imposible o peligrosísimo.

En España, el divorcio en democracia llegó en 1981: por primera vez desde la dictadura se reconoció un procedimiento legal para disolver el matrimonio. Más adelante, en 2005 se simplificó el proceso y eliminó la necesidad de alegar “culpa” o una causa concreta, acercándolo a la idea de que divorciarse forma parte de la libertad personal. 

A escala internacional, el problema no es solo el divorcio: es el matrimonio forzado y, dentro de él, el matrimonio infantil. UNICEF estima que cada año alrededor de 12 millones de niñas son casadas antes de los 18 años y que 640 millones de mujeres y niñas vivas hoy fueron casadas siendo menores. Esto ocurre especialmente en Asia meridional y África subsahariana, y se relaciona con pobreza, falta de escolarización, conflicto, normas sociales y desigualdad de género. 

En algunos lugares, además, el matrimonio se mezcla con transacciones económicas (dotes), lo que puede convertirse en violencia. En India, por ejemplo, la violencia relacionada con la dote sigue causando muertes: Naciones Unidas (ONU Mujeres) ha señalado cifras elevadas reportadas por el registro oficial de delitos (NCRB) en un solo año. Medios indios que citan datos del NCRB han informado también de miles de muertes vinculadas a disputas por dote en años recientes. 

En China, el fenómeno suele aparecer de otra forma: tráfico de mujeres para matrimonios forzados (incluyendo mujeres engañadas o vendidas desde países vecinos) alimentado por vulnerabilidad económica y por desequilibrios demográficos. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado estos casos y el daño que causan. 

A nivel de derechos, la referencia internacional más clara es la CEDAW (1979), que en su artículo 16 exige igualdad en el matrimonio y que este se celebre solo con consentimiento libre y pleno. 

Recursos

  • Libro:I Am Nujood, Age 10 and Divorced - Nujood Ali (2010)

  • Documental: Forced Marriage Cops - BBC (2015)

  • Documental: Girl Rising - Richard E. Robbins (2013)

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El derecho a vivir sin violencia significa que ninguna mujer debe sufrir agresiones físicas, sexuales, psicológicas o económicas por el hecho de ser mujer. Es un derecho fundamental porque sin seguridad no es posible ejercer ningún otro derecho: ni la educación, ni el trabajo, ni la participación política.

En España, la violencia de género se reconoció como un problema estructural con la Ley Orgánica 1/2004. Esta norma estableció medidas específicas como juzgados especializados, órdenes de protección, asistencia jurídica gratuita, ayudas económicas y recursos de acogida. También existen servicios de atención como el 016, que ofrece información y apoyo confidencial, así como a nivel autonómico y municipal, se pueden encontrar diferentes recursos. 

En Europa, el Convenio de Estambul (2011) estableció un marco común para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. España lo ratificó en 2014, comprometiéndose a desarrollar medidas integrales.

Pero la violencia contra las mujeres no es solo un problema del ámbito doméstico. En contextos de guerra y conflicto armado, la violencia sexual se ha utilizado como arma contra la población civil.

En la República Democrática del Congo, organizaciones internacionales han documentado durante años el uso sistemático de violaciones en el contexto del conflicto armado en el este del país. En Yemen, la guerra iniciada en 2015 ha agravado el riesgo de violencia sexual, matrimonio infantil y explotación. En Palestina, diversas organizaciones humanitarias han alertado sobre el impacto específico del conflicto en las mujeres y niñas, incluyendo desplazamientos forzados, inseguridad y mayor vulnerabilidad a la violencia.

En estos contextos, la violencia sexual no es un hecho aislado: es una estrategia de dominación, humillación y control.

Además, prácticas como la mutilación genital femenina , que afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo según Naciones Unidas, siguen presentes en varios países de África y también en comunidades migrantes en Europa. Aunque muchos Estados han prohibido esta práctica, la presión social y la desigualdad la mantienen viva en determinados contextos.

En América Latina, el feminicidio representa una de las expresiones más extremas de la violencia de género. Países como México, Honduras o El Salvador registran tasas elevadas, lo que ha llevado a declarar alertas de violencia de género en distintos territorios.

La violencia contra las mujeres es global, pero también es cercana. No es un problema lejano ni culturalmente ajeno. Es una cuestión de derechos humanos que requiere prevención, protección efectiva, recursos especializados y compromiso institucional continuo.

Recursos

  • Película: La Furia - Gemma Blasco (2025)

  • Documental: Yemen: The Silent War on Women – BBC Arabic (2018)

  • Libro: La fuerza de las mujeres – Denis Mukwege (2019)

  • Libro/Película: Flor del desierto – Waris Dirie (1998)

  • Serie: La Asistenta - Molly Smith Metzler

RECURSOS DE ATENCIÓN
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La igualdad salarial significa que mujeres y hombres cobren lo mismo por trabajos de igual valor. No es solo “mismo sueldo por el mismo puesto”: también importa cómo se valoran y se pagan los sectores donde trabajan mayoritariamente mujeres (cuidados, limpieza, comercio, atención al público), que suelen estar peor remunerados.

En España, las mujeres cobran de media menos que los hombres al año. Según los últimos datos del INE, el salario medio femenino es aproximadamente un 15% inferior al masculino. Esta diferencia no se explica solo por un puesto concreto, sino por cómo está organizado el mercado laboral.

Las mujeres trabajan más a tiempo parcial, interrumpen con mayor frecuencia su carrera por cuidados y se concentran en sectores peor pagados, como la atención, la limpieza, el comercio o los cuidados. Además, siguen siendo minoría en puestos de alta dirección y en sectores mejor remunerados como determinadas áreas tecnológicas o industriales.

En Europa, la brecha salarial media ronda el 12%. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo estima que las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los hombres de media mundial. En América Latina, muchas mujeres trabajan en la economía informal sin protección laboral. En África subsahariana, una gran parte del trabajo femenino se realiza en agricultura de subsistencia sin ingresos propios. En Asia meridional, la participación femenina en el empleo formal es significativamente menor que la masculina.

La desigualdad salarial no es solo una cifra. Tiene consecuencias: pensiones más bajas, mayor dependencia económica y mayor vulnerabilidad frente a situaciones de violencia.

La igualdad salarial no está resuelta. Está en proceso.

Recursos:

  • Libro: Calibán y la bruja – Silvia Federici (2004)

  • Película: Made in Bangladesh – Rubaiyat Hossain 

  • Made in Dagenham – Nigel Cole (2010)

  • Película: Figuras Ocultas - Theodore Merlfi (2017)

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Cuidar a hijos e hijas, personas mayores, dependientes o el propio hogar,  sostiene la vida cotidiana y la economía. Sin embargo, históricamente este trabajo ha recaído de forma mayoritaria sobre las mujeres y, en muchos casos, sin remuneración ni reconocimiento.

En España, las mujeres dedican de media más horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta desigualdad tiene consecuencias directas: más jornadas parciales, más interrupciones en la carrera profesional y pensiones más bajas. En los últimos años se han ampliado los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad, una medida que busca repartir responsabilidades desde el nacimiento.

Pero el fenómeno es global. Según ONU Mujeres, las mujeres realizan alrededor del 75% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo. En América Latina, muchas mujeres combinan empleo informal con responsabilidades domésticas completas. En Europa, la conciliación sigue siendo un desafío estructural. En África y Asia, el acceso desigual a servicios públicos de cuidado incrementa la carga sobre mujeres y niñas, que a veces abandonan la escuela para asumir tareas familiares.

Además, existe una dimensión internacional: muchas mujeres migrantes trabajan en el sector doméstico y de cuidados en Europa o Estados Unidos, dejando a su vez a sus propias familias al cuidado de otras mujeres. Estas “cadenas globales de cuidados” muestran cómo la desigualdad se desplaza, pero no desaparece.

La corresponsabilidad no significa “ayudar”, sino compartir de forma equitativa el tiempo, la carga mental y la responsabilidad económica y social del cuidado.

Sin redistribución de los cuidados, la igualdad laboral y salarial es incompleta.

 

Recursos:

  • Película: Tully - Jason Reitman (2018)

  • Película: Una segunda madre - Anna Muylaert (2015)

  • Libro: La carga mental me sienta fatal - Marie-Laure Monneret y Arantxa Recio (2019)

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La paridad no significa solo que haya mujeres en política, sino que estén presentes en igualdad real en los espacios donde se toman decisiones y puedan ejercer el poder en condiciones de seguridad y legitimidad.

En España, tras el reconocimiento del sufragio femenino en 1931 y la recuperación democrática en 1978, la presencia femenina en las instituciones creció lentamente. La Ley de Igualdad de 2007 introdujo el principio de presencia equilibrada en las listas electorales, lo que impulsó un aumento significativo de mujeres en el Congreso y en gobiernos autonómicos. Sin embargo, la representación sigue siendo menor en alcaldías, presidencias autonómicas y espacios de poder económico vinculados a la política.

A nivel global, la representación femenina en parlamentos ronda el 26% según la Unión Interparlamentaria. Es decir, tres de cada cuatro escaños en el mundo siguen ocupados por hombres.

Ruanda es el caso más citado. Tras el genocidio de 1994, la Constitución de 2003 estableció cuotas obligatorias que garantizaron una presencia femenina superior al 60% en la Cámara de Diputados, la más alta del mundo. Este avance fue fruto de una reforma estructural y del papel activo de las mujeres en la reconstrucción del país. Sin embargo, la elevada representación convive con un sistema político con limitaciones democráticas, lo que recuerda que la cantidad no siempre garantiza pluralismo ni libertad política plena.

Otros países africanos como Sudáfrica, Namibia o Senegal han avanzado gracias a cuotas legales. En América Latina, Bolivia y México han incorporado la paridad en sus marcos electorales. Sin embargo, en muchos países de Asia occidental y del Pacífico la representación femenina sigue siendo muy baja.

Además, las mujeres que acceden a la política suelen enfrentar violencia política específica: campañas de desprestigio basadas en su género, amenazas en redes sociales, cuestionamiento de su vida privada o agresiones directas. La violencia política de género es hoy uno de los principales obstáculos para la igualdad real en el poder.

La paridad no es una cuestión simbólica. Cuando las mujeres participan en igualdad, se amplían debates sobre educación, salud, cuidados, igualdad y derechos sociales. No se trata de que las mujeres gobiernen “mejor”, sino de que la democracia sea representativa.

La democracia no es completa si la mitad de la población no está representada en igualdad y sin violencia.

Recursos

  • Película: Simone, la mujer del siglo - Oliver Dahan (2022)

  • Documental: A la conquista del congreso - Rachel Lears (2019)

  • Libro: Mujeres y poder - Mary Beard (2017)

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El derecho a la salud no se limita a cruzar la puerta de un hospital. Significa recibir atención médica adecuada, basada en investigación rigurosa que tenga en cuenta el cuerpo y las experiencias de las mujeres. Durante décadas, el modelo estándar fue masculino, y eso ha tenido consecuencias reales: síntomas de infarto menos reconocidos en mujeres, enfermedades como la endometriosis diagnosticadas con años de retraso y un dolor históricamente minimizado o atribuido a causas emocionales. También la salud mental se ha abordado muchas veces desde estereotipos, medicalizando situaciones sin atender a sus raíces sociales.

La salud menstrual ha sido invisibilizada durante siglos. En distintos lugares del mundo, la falta de acceso a productos de higiene menstrual afecta a la escolarización y a la dignidad de niñas y mujeres. En España, la reducción del IVA y su incorporación a políticas públicas reconocen que no son un lujo, sino una necesidad básica.

Dentro del derecho a la salud se encuentran los derechos sexuales y reproductivos: educación sexual basada en evidencia, acceso a anticonceptivos seguros, atención adecuada durante el embarazo y el parto y la posibilidad de decidir si tener hijos o no. Esto incluye el derecho al aborto, parte esencial de la autonomía corporal. Implica que una mujer pueda interrumpir un embarazo dentro de un sistema sanitario seguro y legal, sin exponerse a riesgos físicos, penales o sociales.

En España, el aborto fue despenalizado parcialmente en 1985 en tres supuestos. En 2010 se aprobó una ley de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y en 2023 se reforzó el acceso en la sanidad pública y se eliminó el consentimiento paterno obligatorio para jóvenes de 16 y 17 años. Aun así, persisten desigualdades territoriales por objeción de conciencia o falta de servicios.

A nivel internacional, la situación es diversa. En América Latina se han logrado avances recientes, como la legalización en Argentina en 2020 o la despenalización hasta la semana 24 en Colombia en 2022, fruto de años de movilización feminista. En otros contextos, las restricciones siguen siendo severas y obligan a muchas mujeres a recurrir a procedimientos inseguros. En Estados Unidos, en 2022, el Tribunal Supremo revocó la protección federal del derecho al aborto, permitiendo que cada estado legisle de forma independiente.

Según la Organización Mundial de la Salud, los abortos inseguros continúan siendo una causa significativa de mortalidad materna donde el acceso legal está restringido. Cuando el aborto no es legal o accesible, no desaparece: se vuelve clandestino y más peligroso.

Hablar de salud con perspectiva de género implica reconocer que la igualdad sanitaria no es automática. Requiere datos desagregados por sexo, formación médica específica, investigación inclusiva y políticas públicas que garanticen acceso efectivo. Sin autonomía corporal y sin atención sanitaria adecuada, la igualdad es incompleta.

Recursos

  • Documental: Una revolución en toda regla - Rayka Zehtabchi (2018)

  • Libro: La mujer invisible - Caroline Criado Pérez (2020 

  • Libro: Inferior - Angela Saini (2017)

  • Libro/Película: El acontecimiento - Annie Ernaux (2000)

  • Película: Nunca, casi nunca, a veces, siempre - Eliza Hittman (2020)

  • Documental: The Janes - Tia Lessin y Emma Pildes (2022)

La Ola Verde (Que sea ley) - Juan Solanas (Argentina, 2019)

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La libertad no es solo poder votar o trabajar. También es poder caminar sola por la calle sin miedo.

Durante siglos, el espacio público ha sido considerado territorio masculino, mientras que a las mujeres se les asignaba el ámbito doméstico. Salir solas de noche, viajar sin permiso, estudiar fuera de casa o simplemente ocupar una plaza pública han sido actos vigilados o cuestionados.

En España, aunque la ley garantiza la libertad de movimiento, muchas mujeres modifican horarios y recorridos por miedo al acoso o a la violencia hacia las mujeres en espacios públicos. La libertad legal no siempre coincide con la libertad real.

En América Latina, el acoso callejero ha sido denunciado de forma masiva en países como México, Chile o Perú, donde se han aprobado normativas específicas para sancionarlo. El movimiento “Ni Una Menos” también ha visibilizado cómo la violencia condiciona la presencia femenina en el espacio público.

En Afganistán, desde el regreso del régimen talibán en 2021, se han impuesto restricciones a la movilidad femenina, limitando viajes sin acompañante masculino y restringiendo el acceso a espacios educativos y laborales. En Irán, las protestas tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 mostraron cómo el control sobre la vestimenta y la presencia femenina en la calle se convierte en un mecanismo político de control del cuerpo y del espacio.

En varios países africanos, la movilidad femenina también puede verse condicionada por inseguridad, conflictos armados o normas sociales restrictivas. En Nigeria, por ejemplo, el secuestro de niñas por Boko Haram puso en evidencia cómo el acceso a la escuela y al espacio público puede convertirse en un riesgo. En Somalia o Sudán del Sur, los contextos de conflicto afectan de manera específica la seguridad de mujeres y niñas en desplazamientos cotidianos.

El derecho a ocupar el espacio público sin miedo implica seguridad, pero también legitimidad. No se trata solo de no ser agredida, sino de poder estar, participar y circular en igualdad.

Recursos:

  • Película: Mustang - Deniz Gamze Ergüven (2015)

  • Película: El Pan de la Guerra - Nora Twomey (200)

  • Película: Offside - Jafar Panahi (2006)

  • Libro: El librero de Kabul – Åsne Seierstad 

  • Libro: Mujer en punto cero – Nawal El Saadawi (2017)

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La trata de mujeres y niñas es una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos en el mundo actual.

La trata no es solo explotación sexual. Incluye explotación laboral, servidumbre doméstica, matrimonios forzados, explotación reproductiva e incluso extracción de órganos. Sin embargo, según Naciones Unidas, la mayoría de las víctimas identificadas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas.

La trata se alimenta de desigualdad, pobreza, conflictos armados y migraciones forzadas. Las redes criminales aprovechan situaciones de vulnerabilidad para captar, trasladar y explotar a mujeres bajo engaño o coerción.

En Europa, incluida España, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo una realidad. Muchas víctimas proceden de América Latina, Europa del Este o África occidental. En países como Nigeria, organizaciones criminales han desarrollado redes transnacionales que explotan a mujeres jóvenes en distintos países europeos. En el sudeste asiático, mujeres y niñas son captadas para explotación laboral o sexual en rutas migratorias irregulares. En contextos de guerra, como Ucrania o Siria, organismos internacionales han alertado del aumento del riesgo de trata.

La protección frente a la trata implica prevención, identificación temprana de víctimas, acceso a protección legal y recursos sociales, y persecución efectiva de las redes criminales. También requiere políticas que reduzcan la vulnerabilidad estructural que facilita la captación.

Sin libertad real para decidir sobre el propio trabajo, el propio cuerpo y el propio desplazamiento, la igualdad es imposible.

 Recursos

  • Película:I am Jane Doe - Mary Mazzio (2017)

  • Chicas nuevas 24h - Mabel Lozano (2015)

  • Libro: Esclavas del poder - Lydia Cacho (2010)

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La independencia económica significa poder sostener la propia vida con recursos propios, pero también poder poseer, heredar, administrar y decidir sobre bienes y patrimonio. No se limita al empleo: incluye vivienda, tierras, ahorros, acceso a crédito y capacidad legal para firmar contratos o emprender.

Históricamente, en muchos países las mujeres no han podido heredar en igualdad de condiciones, ni administrar bienes sin autorización masculina. En distintos sistemas jurídicos, la propiedad pasaba automáticamente al marido tras el matrimonio o las hijas recibían porciones menores que los hijos varones. Estas normas no solo limitaban el patrimonio femenino, sino también la capacidad de decisión sobre la propia vida.

Hoy, aunque en muchos Estados la igualdad formal está reconocida, persisten desigualdades reales. Según el Banco Mundial, en algunos países aún existen restricciones legales para que las mujeres hereden o posean tierras en igualdad de condiciones. Incluso donde la ley no discrimina, las prácticas sociales favorecen que los bienes familiares se registren a nombre de hombres. A nivel global, las mujeres poseen menos tierras, menos propiedades inmobiliarias y tienen más dificultades para acceder a crédito o financiación.

En América Latina y África subsahariana, la titularidad de la tierra sigue estando mayoritariamente en manos masculinas, lo que limita la autonomía económica en contextos rurales. En Asia meridional, las normas sociales influyen en la distribución desigual de herencias. En muchos lugares, la falta de activos propios aumenta la vulnerabilidad ante separaciones, viudedad o crisis económicas.

La independencia económica implica, por tanto, acceso equitativo a la propiedad, a las herencias, al sistema financiero y a la toma de decisiones patrimoniales. Sin bienes propios y sin control sobre los recursos, la igualdad jurídica no garantiza autonomía real.

La independencia económica no es solo cuánto se gana. Es también qué se posee y quién decide sobre ello.

Recursos: 

  • Película: Gentleman Jack - Sally Wainwright (2019)

  • La plaza del Diamante - Mercè Rodoreda (1962)

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